La minería no empieza en la ley. Empieza aquí.
En el Perú, muchas decisiones sobre minería se toman lejos de donde realmente importan.
Se discuten en escritorios.
Se redactan en normas.
Se aprueban en comisiones.
Pero la minería —la real— empieza en lugares como este.
En territorios complejos.
En comunidades vivas.
En geografías que no responden a plazos políticos, sino a procesos sociales.
Cuando la norma no conversa con el territorio
El reciente pronunciamiento de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha encendido una alerta importante: las modificaciones a la Ley General de Minería podrían terminar afectando el desarrollo de la minería formal en el país.
El argumento central es claro: lejos de fortalecer el sector, estas medidas podrían paralizarlo.
Pero más allá del debate técnico, hay una pregunta que no se está haciendo con suficiente fuerza:
¿Estas decisiones están entendiendo el territorio que buscan regular?
El error de simplificar lo complejo
Un proyecto minero no es solo inversión.
Es tiempo, confianza y relación.
Puede tomar décadas en desarrollarse, no por ineficiencia, sino porque involucra procesos ambientales, sociales y regulatorios profundamente complejos.
Reducir plazos o endurecer condiciones sin entender esta realidad no acelera el desarrollo.
Lo desconecta.
Seguridad jurídica: mucho más que reglas claras
Cuando las normas cambian sin una base técnica sólida, el impacto no es solo legal.
Es estratégico.
Se debilita la confianza.
Se frena la inversión.
Se posterga el desarrollo.
Hoy, existe una cartera de proyectos mineros por 63 mil millones de dólares que depende de condiciones estables para avanzar.
Pero la estabilidad no se decreta.
Se construye.
Cuando la formalidad retrocede, la ilegalidad avanza
Aquí está uno de los mayores riesgos.
Cuando el sistema formal se vuelve inviable o excesivamente rígido, el resultado no es menos actividad minera.
Es más informalidad.
El propio pronunciamiento advierte que estas medidas podrían terminar abriendo espacio a la minería ilegal.
Y la minería ilegal no es solo un problema económico.
Es un problema de territorio, de gobernanza y de futuro.
Ordenar no es paralizar
El Perú necesita regulación.
Pero necesita buena regulación.
Una que entienda que:
La inversión no es inmediata
El territorio no es uniforme
La confianza no se impone
El desafío no es endurecer ni flexibilizar.
Es alinear.
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